El 13 de mayo de 2025, una jueza federal de Nueva York ordenó a OpenAI conservar de manera indefinida todos los registros de salida de ChatGPT, incluidos los chats que los usuarios ya habían borrado. La orden se dictó en el litigio de derechos de autor que The New York Times mantiene contra la empresa, y alcanzó a los usuarios de las versiones gratuita, Plus, Pro y Team, y a la API sin acuerdo de retención cero. La empresa apeló, perdió, y la obligación rigió hasta el 26 de septiembre de 2025 —lo capturado en esa ventana sigue almacenado—. En noviembre, el tribunal confirmó que 20 millones de esas conversaciones, desidentificadas, pasaran a manos de los demandantes.

Deténgase en la mecánica, porque es la parte que le concierne. Millones de personas apretaron «borrar» creyendo que borrar borraba. No era un hecho: era una promesa del proveedor, escrita en unos términos de servicio que casi nadie leyó. Y las promesas del proveedor ceden ante la orden de un tribunal, en un litigio que no es el suyo, en una jurisdicción que no es la suya, por un conflicto que no tiene nada que ver con usted. Lo que usted sube deja de estar bajo su control en el momento en que termina la carga. Todo lo demás —la retención, el borrado, el acceso de terceros— es cláusula, no física.

Un detalle más, y es el que ordena todo este artículo: la versión Enterprise y los contratos con retención cero quedaron fuera de la orden. La protección existía. No venía con la marca. Venía con el contrato —y con la arquitectura que hay detrás del contrato—.

El deber que usted ya tenía, antes de que existiera la nube

Nada de esto lo agarra sin reglas. Al contrario: pocas obligaciones del oficio son más viejas que esta.

El secreto profesional no es una cortesía ni un hábito de discreción: es un deber cuyo titular es el cliente, no usted. El Código de Ética Profesional le dedica su artículo 7° y una sección entera —los artículos 46 a 64—, y el Código Penal, en su artículo 231, sanciona al abogado que descubre los secretos de su cliente. La carpeta investigativa que usted maneja es, además, una de las piezas más sensibles que existen en el sistema: declaraciones de imputados, víctimas y testigos, peritajes médicos y psicológicos, datos de ubicación, antecedentes de terceros que ni siquiera son parte.

Por eso el deber de reserva no es un escrúpulo. Es exposición: suya, de su estudio y de las personas cuyos datos viajan dentro de esa carpeta —personas que jamás consintieron en que su declaración terminara en los servidores de una empresa de software—.

Lo nuevo no es el deber. Lo nuevo es que la herramienta de moda le pide, como primer paso y con la mejor interfaz del mundo, exactamente lo que el deber le prohíbe hacer a la ligera: entregarle la carpeta a un tercero.

Leer los términos de servicio ahora es ejercicio profesional

La guía del Colegio de Abogados de julio de 2026 —la misma del artículo anterior de esta serie— dedica al punto una sección que casi no tuvo prensa, y que en la práctica es la más exigente del documento.

Antes de usar una plataforma, dice, el abogado debe evaluar sus condiciones de servicio, sus políticas de privacidad, dónde y cuánto tiempo se almacenan los datos, y si pueden ser reutilizados o conocidos por terceros. Debe considerar, en particular, si el material se empleará para entrenar modelos. Debe abstenerse de ingresar antecedentes confidenciales en sistemas que no ofrezcan protecciones apropiadas, y no debe ingresarlos en plataformas de uso público general sin seguridad efectiva de que la información no será reutilizada. Y cuando exista riesgo de revelación, exige el consentimiento expreso e informado del cliente: no basta la autorización general del contrato de servicios — el cliente debe conocer el sistema específico, sus riesgos y las alternativas disponibles. La Formal Opinion 512 de la American Bar Association llegó dos años antes al mismo lugar por el mismo camino: el deber de confidencialidad obliga a entender qué hace el proveedor con los datos antes de dárselos, y en ciertos casos, a pedirle permiso al cliente primero.

Traducido a la práctica, la guía convirtió la letra chica en materia de su oficio. La debida diligencia sobre una herramienta de inteligencia artificial ya no es una tarea de su encargado de sistemas: es un análisis jurídico de un contrato de adhesión, hecho por usted, con su matrícula comprometida en el resultado. Y hay un test que resume todo el análisis en una escena: ¿le contaría a su cliente, con nombre y apellido del proveedor, dónde va a quedar su carpeta? La guía dice que, en ciertos casos, no solo debería poder contárselo: debe hacerlo, y obtener su consentimiento. Si imaginarse esa conversación le produce incomodidad, ya tiene el resultado del análisis.

Vale la pena notar qué salvaguardas menciona la guía como apropiadas, porque la lista es corta y concreta: «la no retención de información, la ejecución local y los entornos cerrados del estudio». Guarde esa frase. Volvemos a ella en un momento.

Y en cuatro meses, además, es ley

Hasta aquí, ética profesional. Desde el 1 de diciembre de 2026, también regulación con multas.

Ese día entra en plena vigencia la Ley 21.719, la reforma más profunda que ha tenido la protección de datos personales en Chile: crea una Agencia con facultades reales de fiscalización, exige notificar las brechas de seguridad dentro de 72 horas, y contempla multas de hasta 20.000 UTM —con reincidencias que pueden llegar al 4% de los ingresos anuales—. Un estudio jurídico es responsable del tratamiento de los datos que administra, y un expediente penal es un concentrado de la categoría más protegida de todas: datos sensibles de personas naturales, muchas de ellas terceros sin ninguna relación con su cliente.

Junte las piezas y el cuadro queda nítido. Subir una carpeta investigativa a una plataforma que la retiene en servidores compartidos, bajo términos que permiten reutilizarla, ya era un problema ético en julio. En diciembre es, además, un evento regulatorio esperando ocurrir: si esa plataforma sufre una brecha —o recibe una orden de un tribunal extranjero, como en mayo de 2025—, el responsable ante la Agencia y ante su cliente no es el proveedor. Es usted.

Lo que decidimos nosotros, y por qué

Hasta aquí este artículo habló de reglas. Esta sección habla de nosotros, porque en este tema nos parece que corresponde mostrar las cartas.

Cuando diseñamos nuestro sistema, la confidencialidad no entró como una función de la lista, ni como un argumento de venta que se agrega al final. Entró como la restricción que ordenó todas las demás decisiones, por una razón que a esta altura del artículo es evidente: para un penalista, la confidencialidad no es una preferencia. Es la condición de posibilidad. Su secreto profesional le prohíbe casi todo lo que el mercado le ofrece; una herramienta que no resuelve eso primero no es una herramienta peor: es una herramienta que usted no puede usar.

De esa restricción salió una regla de arquitectura, y de la regla salió todo lo demás: el expediente no viaja hacia el software. El software viaja hacia el expediente. El sistema corre en una nube dedicada exclusivamente a su estudio, o directamente dentro de él, en sus propias máquinas. Nunca en una nube compartida con otros clientes. La lectura, los índices y la búsqueda se ejecutan donde el estudio decida; nada de su material se usa para entrenar modelos, de nadie, nunca; del material recibido queda constancia escrita, y al cierre del caso se devuelve o se destruye según usted instruya. Y cuando una pregunta abierta requiere un modelo de lenguaje, lo que viaja son los fragmentos recuperados que responden esa pregunta —nunca la carpeta—, por una puerta que el estudio enciende de forma explícita, no que viene encendida de fábrica.

¿Por qué arquitectura y no política? Porque son cosas de naturaleza distinta, y la diferencia se vio completa en mayo de 2025. Una política de privacidad es una promesa: se cambia con un correo de «actualizamos nuestros términos», y cede ante la orden de un tribunal. Una arquitectura donde el expediente nunca salió del estudio no promete nada, y por eso no tiene nada que incumplir: no se puede ordenar la retención de lo que nunca se retuvo, ni filtrar desde una nube compartida lo que nunca entró en una. La confidencialidad que depende de la buena conducta continua de un tercero es una hipótesis; la que depende de dónde están físicamente los datos es un hecho verificable.

Y aquí vuelve la frase que le pedimos guardar. Las salvaguardas que la guía del Colegio menciona como apropiadas —no retención, ejecución local, entornos cerrados del estudio— no las leímos como una sugerencia a evaluar. Las leímos como lo que son: la lista de requisitos de diseño. La guía se publicó cuando nuestro sistema ya estaba construido, y el hecho de que ambas listas coincidan casi palabra por palabra no es casualidad ni mérito: es lo que pasa cuando el punto de partida es el mismo deber.

Las dos preguntas antes de pagar

Esta serie le dejó ya una pregunta para hacer frente a cualquier oferta: ¿puedo abrir la página de la que salió esta respuesta? Este artículo le suma la simétrica, la que se hace antes, en la misma reunión: ¿dónde queda mi expediente cuando pregunto, y qué retiene usted cuando termino?

Un proveedor serio contesta las dos en una frase cada una, sin adjetivos, y las deja por escrito. Uno que contesta con la palabra «encriptado», con un certificado de seguridad, o con la seguridad de que «eso no pasa», le está contestando otra pregunta. La encriptación protege el viaje de los datos; no cambia dónde terminan ni quién puede ser obligado a entregarlos. Y usted ya sabe, desde mayo de 2025, que «eso no pasa» es exactamente lo que se decía hasta que pasó.

El expediente de su cliente va a terminar en alguna parte. La única decisión que sigue siendo enteramente suya es en cuál.