Entre el sábado 25 y el lunes 28 de julio, hasta las 11:30 de la mañana, un abogado ingresó 38.477 escritos en la Oficina Judicial Virtual. Entre 500 y 900 por tribunal civil, a lo largo de todo el país. Los jueces describieron lo que se puede describir: no contaban «con los recursos técnicos ni humanos disponibles» para procesar eso (Emol, BioBioChile).

El Comité de Jueces Civiles de Santiago pidió cinco medidas a la Corte Suprema. Entre ellas, restringir el acceso del abogado a la plataforma, un informe de responsabilidad disciplinaria y penal, barreras tipo CAPTCHA contra envíos masivos, y esta, que fue la que ocupó los titulares: «se disponga la prohibición del uso de IA para el ingreso de escritos, en tanto no exista una política institucional clara».

Conviene leer esa frase dos veces, porque los titulares se comieron la segunda mitad. No pidieron vetar la inteligencia artificial. Pidieron una regla, y una pausa hasta tenerla.

Lo que se saturó no fue lo que usted cree

Aquí hace falta la distinción del primer artículo de esta serie: «inteligencia artificial» no nombra una tecnología, nombra una promesa. Y una palabra tan ancha absorbe la culpa con la misma facilidad con que absorbe el crédito.

Los 38.477 escritos eran, en su mayoría, desarchivos y renuncias de patrocinio y poder —trámite repetitivo, formulario—, presentados por un abogado que dejó de representar a varios clientes corporativos y automatizó el retiro con lo que la prensa describió como «un agente externo». No hubo un modelo de lenguaje razonando mal sobre un expediente. Hubo un guion apretando un botón muchas veces.

El caso que va a producir la regla que lo va a regir a usted no es, técnicamente, un caso de inteligencia artificial. Es un caso de volumen. Y la regla va a decir «IA», y va a alcanzarlo igual.

¿Es legal?

Sí. Y esa nunca fue la pregunta difícil.

En Chile no existe hoy una norma que prohíba usar inteligencia artificial en el ejercicio profesional. Lo que existe —y es más exigente de lo que parece— es un deber que ya estaba escrito antes de que existiera ChatGPT. El 6 de julio de 2026, el Colegio de Abogados aprobó su Guía de sugerencias para el uso responsable de inteligencia artificial en el ejercicio profesional, y lo notable de ese documento es lo poco que inventa: declara expresamente que no agrega obligaciones éticas nuevas a las del Código de Ética Profesional. Solo dice dónde caen las que ya había.

Caen en tres lugares. Verificación: el abogado no puede incorporar a su trabajo un resultado producido por un sistema sin comprobar antes su exactitud —y, en una línea que vale por toda la guía, «no sirve para ello la verificación que efectúa el mismo sistema u otro similar»—. Competencia: hay que entender «con la debida profundidad la naturaleza, capacidades, riesgos y limitaciones» de la herramienta que se usa. Responsabilidad: «la decisión y la responsabilidad son siempre propias».

El estándar internacional dice lo mismo con otras palabras. La Formal Opinion 512 de la American Bar Association (29 de julio de 2024) deriva las mismas obligaciones de las reglas de competencia, confidencialidad, supervisión y veracidad ante el tribunal que ya existían, y agrega una que duele: no se le puede cobrar al cliente el tiempo que usted tarda en aprender a usar su propia herramienta.

De modo que sí, es legal usarla. Y sigue siendo íntegramente suyo lo que sale firmado.

Lo que sí se sanciona

El 3 de junio de 2026 —siete semanas antes del fin de semana de los 38.477 escritos— la Tercera Sala de la Corte Suprema suspendió por un mes a una abogada y le aplicó una multa de 5 UTM. Había presentado, en un recurso de casación, citas de dos tratados de derecho del consumo atribuidos a profesores reales. Los tratados no existían: los había producido un chatbot.

La defensa alegó error involuntario. La Corte lo rechazó y fundó la sanción en la buena fe procesal del artículo 2 letra d) de la Ley 20.886, con las facultades disciplinarias de los artículos 531 y 542 del Código Orgánico de Tribunales. El reproche, en los términos del propio tribunal, fue no haber verificado «la efectividad de la información proporcionada al tribunal» (Poder Judicial).

Léalo con cuidado, porque ahí está toda la delgada línea. No la sancionaron por usar inteligencia artificial. La sancionaron por firmar lo que no leyó. La herramienta no aparece en el reproche; aparece el deber que ella tenía desde antes.

¿Es justo?

Esta es la pregunta más incómoda de las tres, y la que casi nadie hace, porque su costo no lo paga quien decide.

Cada uno de los 38.477 escritos era, tomado de a uno, perfectamente legítimo. Un desarchivo es un derecho. Una renuncia al patrocinio es un acto que corresponde. No hay un solo escrito ilícito en la pila. El daño no está en ninguno de ellos: está en el volumen, y el volumen lo absorbió el tribunal, que no lo eligió ni lo puede facturar.

Eso ya se midió, y en la escala de un sistema entero. Un estudio de marzo de 2026 sobre 4,5 millones de causas civiles federales de Estados Unidos y 46 millones de entradas de expediente (Shah y Levy, «Access to Justice in the Age of AI») encontró que la proporción de litigantes sin abogado pasó de un histórico estable de ~11% a 16,8% en el año fiscal 2025; que el 18% de sus escritos contiene texto clasificado como generado por IA; y que las entradas de expediente en los primeros 180 días de una causa subieron un 64% en promedio por tribunal, concentradas justamente en las categorías formularias y repetitivas. La misma tecnología que le abre la puerta del tribunal a quien no podía pagar un abogado le está poniendo al tribunal una carga que nadie presupuestó.

Ahí está el criterio de justicia, y es viejo: usted puede acelerar su trabajo todo lo que quiera mientras el costo de su velocidad lo siga pagando usted. Cuando el ahorro es suyo y el trabajo adicional es del tribunal —o de la contraparte, que tiene que ir a comprobar si sus citas existen—, dejó de ser eficiencia y pasó a ser traslado.

¿Es inteligente?

Depende enteramente de para qué, y esto sí está medido.

Sobre la máquina sola, los números son malos y son públicos. Un estudio de Stanford publicado en el Journal of Legal Analysis midió que, ante preguntas jurídicas específicas y verificables, los modelos generalistas alucinan entre el 58% (GPT-4) y el 88% (Llama 2) de las veces, y que además tienden a aceptar sin objeción las premisas jurídicas equivocadas que les propone el usuario («Large Legal Fictions»).

La objeción evidente es que las herramientas legales serias no son un chatbot genérico. Es cierta, y no alcanza. El mismo equipo midió después las herramientas de investigación jurídica de la industria —las que se vendían como hallucination-free— y encontró que alucinan entre el 17% y el 33% de las veces según cuál («Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools», Journal of Empirical Legal Studies, 2025). Mejor que un chatbot. Muy lejos de cero. Y una tasa de error del 17% en un insumo que usted firma no es un margen: es una obligación de revisar el 100%.

El resultado agregado de no revisarlo es contable. La base de datos que rastrea sentencias del mundo entero con citas alucinadas pasó de dos o tres casos al mes, antes de 2025, a un promedio de unos cinco casos nuevos por día hacia febrero de 2026, sin señales de desaceleración (FAQ del autor). No es un fenómeno chileno ni un accidente aislado: en Estados Unidos, Mata v. Avianca terminó con una multa de US$5.000 en junio de 2023; en el Reino Unido, la Divisional Court resolvió en junio de 2025 dos casos de jurisprudencia inventada y derivó a uno de los abogados al regulador disciplinario (Ayinde v. Haringey, [2025] EWHC 1383 (Admin)).

Ahora la otra mitad, que también está medida y que casi nunca se cita junto a la anterior. El primer ensayo controlado aleatorizado sobre asistencia de IA en trabajo jurídico encontró mejoras de calidad leves y desparejas, pero reducciones de tiempo de entre 12% y 32%, consistentes en todos los niveles de habilidad (Choi, Monahan y Schwarcz, Minnesota Law Review).

Los dos hallazgos juntos dicen una sola cosa, y es la más útil de este artículo: la tecnología es buena para el tiempo y mala para la verdad. Sirve donde el cuello de botella es el volumen. No sirve donde el resultado es una afirmación que usted va a sostener ante un tribunal, salvo que pueda comprobarla.

Entonces, dónde está la línea

No pasa entre usar inteligencia artificial y no usarla. Esa frontera no explica ninguno de los casos: la abogada suspendida y el estudio que ahorra un 30% de tiempo usan lo mismo.

La línea pasa entre delegar trabajo y delegar responsabilidad, y en la práctica se reconoce por una sola propiedad: si la afirmación se puede abrir en la fuente de la que salió, usted delegó trabajo. Si no se puede, usted delegó su firma.

Por eso el deber de verificación de la guía del Colegio agrega esa frase que parece técnica y es central: no sirve que el sistema se verifique a sí mismo. Un segundo modelo revisando al primero produce dos textos plausibles, no una comprobación. La verificación es un acto externo —usted, abriendo la página—, y una herramienta que no le ofrece esa página no le está ahorrando la revisión. Se la está escondiendo.

El sweetspot

Existe, y es más estrecho y más concreto de lo que el mercado sugiere.

Está en el lado de entrada, no en el de salida. La inteligencia artificial es extraordinaria consumiendo volumen que un humano no alcanza a leer, y es peligrosa produciendo volumen que un humano no alcanza a revisar. Los 38.477 escritos son el segundo caso: la promesa aplicada a generar. Un expediente de decenas de miles de fojas, leído entero y devuelto con cada hallazgo apuntando a la foja exacta de la que salió, es el primero.

Y el segundo artículo de esta serie explica por qué esa distinción es arquitectónica y no una cuestión de disciplina personal: una herramienta de conversación no puede sostener el expediente entero a la vista, y lo que hace cuando no cabe —truncar y comprimir— es justamente lo que fabrica las citas que después se sancionan (por qué ninguna de esas herramientas le sirvió). Un sistema construido para leer una vez, indexar por foja y apuntar siempre a la fuente no es una versión más prudente de lo mismo. Es otra cosa, y se reconoce con una sola pregunta antes de pagar: ¿puedo abrir la página de la que salió esta respuesta?

La regla que se está escribiendo

Mientras la Corte Suprema chilena revisa qué hacer, el resto del mundo ya lleva tres años escribiendo la misma norma. En Estados Unidos, un juez federal exige desde mayo de 2023 que cada escrito certifique que nada generado por IA entró sin verificación humana. El Poder Judicial del Reino Unido publicó su guía en diciembre de 2023. Brasil reguló el uso de IA en el Poder Judicial con la Resolução 615 del CNJ en marzo de 2025. España aprobó en 2026 una instrucción del CGPJ que permite a los jueces apoyarse en IA para buscar normativa y jurisprudencia, y les prohíbe delegar en ella la valoración de la prueba o la aplicación del derecho. Y el Reglamento europeo de IA clasifica como alto riesgo los sistemas destinados a asistir en la interpretación y aplicación del derecho —una categoría que alcanza a quien construye esas herramientas mucho antes que a quien las usa—.

Ninguna de esas reglas prohíbe la inteligencia artificial. Todas dicen la misma frase con distinta redacción: puede usarla, no puede delegarle el juicio, y responde usted por lo que firma.

Lo cual deja el asunto donde estaba antes de todo esto. La política institucional que esperan los jueces civiles va a llegar, y cuando llegue no le va a exigir nada que usted no pueda empezar a exigirle hoy a su proveedor. Que su herramienta le muestre la página. Que usted la abra.